Ordenación del Territorio: Geografía y Arquitectura.
Arquitecturas na raia – Arquitecturas en la raya 98 / Borba. Badajoz, 1999, pp. 23-29. ISBN: 84-923388-1-4
Um dos pilares conceptuais dos Seminários das “Arquitecturas na Raia” foi o facto de se colocar a questão da relação directa entre o Território e as suas Arquitecturas. O trabalho profissional do Professor António-José Campesino Fernández, desde logo a partir da sua Cátedra de Análise Urbano e Regional da Universidade da Extremadura, em Cáceres, caracterizou-se pela capacidade de diálogo permanente entre os diversos intervinientes deste “territorio de fronteiras”. As suas intervenções ao longo das diversas edições deste Seminário pressuposeram sempre uma chamada de atenção para este ponto em particular. O artigo adiante, da sua autoria, resume sintéticamente estes criterios.
J. M. Pagés Madrigal, Doctor Arquitecto.
Coordinador de los Seminarios.
1. LA INCULTURA DEL TERRITORIO
La “cultura urbana”, dominante en los dos últimos siglos, amparada en el protagonismo industrializador, perdió la referencia territorial al someter al mundo rural a las estrategias urbanizadoras y economicistas del progreso (siglo XIX) y del desarrollo (siglo XX) capitalistas.
Tras la segunda guerra mundial, la cultura urbana de la industrialización fordista, apoyándose en la teoría christalliana de los lugares centrales y en la general de la localización de las actividades productivas para fundamentar las economías de aglomeración y de escala, perfiló el modelo territorial industrializado de base urbana, consistente en crear redes estables y jerarquizadas de ciudades -centros nodales y lugares geométricos-, como soportes de concentraciones puntuales de recursos productivos, mano de obra masiva, consumo y canales de distribución.
La selección taxonómica de los centros urbanos y semiurbanos, según rango-tamaño, centralidad jerarquizada, estratificación, interdependencia, integración en el modelo territorial, importancia relativa de las funciones centrales, densidad de infraestructuras y grado de accesibilidad, parecía ser la clave definidora de sus capacidades de polarización de flujos e intercambios sobre sus entornos, cuya intensidad y direcciones difusoras en mancha de aceite por el espacio regional configuraban los umbrales y alcances de sus respectivas áreas de influencia, inmediatas y mediatas.
Tales centros difusores aparecían desplegados, por lo visto, en espacios regionales isotrópicos y homogéneos –sin atributos naturales, sin diversidad, sin complejidad, sin historia…-, a los que las ciudades les arrebataban la dimensión espacial de la naturaleza y la sociedad.
La “planificación territorial” teorética-cuantitativa consistía en ignorar el territorio, completando la inestabilidad de los espacios regionales mediante sistemas de ciudades. En definitiva, proponía construir la física del espacio capitalista industrial, que sacrificó el territorio a las demandas del beneficio, mediante el expolio de sus recursos y la masacre de su medio ambiente, respetando únicamente algunos trozos de naturaleza emblemática, destinados al ocio urbano.
Hasta mediados de la década de los setenta del siglo XX, la planificación desarrollista, soportada en estos polos de desarrollo, tuvo la gran “virtud” de hacer inconjugables la planificación física (urbanística) y la planificación económica, que discurrieron por cauces divergentes al mando de la segunda, ensanchando más aún el abismo de los desequilibrios territoriales que, curiosamente, pretendía corregir un estado autocrático, legitimado por su dictador como gran “arquitecto” económico y social.
Desde las ópticas disciplinares de la Arquitectura, la Ingeniería y la Economía, monopolizadoras de la planificación desde mediados del siglo XIX, la lectura tradicional del territorio tenía una dimensión geométrica de componente naturalista, puramente física y superficial, al identificarlo como el sustrato natural, más o menos humanizado, sobre el que se desarrollaban las sociedades.
Territorio y Naturaleza venían a ser conceptos sinónimos en la cultura occidental, reservas disponibles sobre las que extender el desarrollo. La teoría y práctica urbanísticas de los años sesenta y setenta del siglo XX abonaron tal consideración dependiente del territorio, como espacio periférico de reserva urbanizable y consumible, según las necesidades del crecimiento urbano, o cualitativamente negativa, como suelo no urbanizable.
En suma, tanto la urbanística como la economía contemporánea han sido adversarias declaradas del universo territorial diferenciado, complejo, vivo y diverso. Se explica, porque la teoría de la renta del suelo y sus conceptos asociados de crecimiento acumulativo y progreso sólo son concebibles en un universo en el que la diversidad y la variabilidad hayan sido barridas, en un mundo previamente depurado de heterogeneidad y complejidad: globalizado.
Lo que desde decenios resultaba patente y bien conocido en el ámbito urbano era ignorado en el marco territorial, al estar condicionado por teorías naturalistas o geométricas que han impedido abordar el tratamiento del territorio desde una óptica equivalente a la utilizada en el medio urbano, condicionando las posibilidades de su evolución. En España, la legislación siempre ha sido de suelo urbano y nunca de territorio.
Tras medio siglo de vigencia teórica (1933-1983), este modelo christalliano de organización territorial, ajeno al mundo mediterráneo, ha periclitado con la crisis económica-urbana, de mediados de los setenta a mediados de los ochenta, y la emergencia de la globalización y de los nuevos modelos supranacionales de gobierno de los territorios “sin fronteras”. En las nuevas estrategias de ordenación territorial del siglo XXI, a partir de ejes y corredores lineales de desarrollo interregional, difícilmente podrá imbricarse el urbanismo y la arquitectura sin la obligada relación dialéctica con el territorio, con las sociedades que lo humanizan y lo usan, con las culturas patrimoniales que atesora y con la calidad ambiental exigida por los nuevos criterios de sostenibilidad.
2. GEOGRAFÍA Y ARQUITECTURA DEL TERRITORIO
La Geografía es ciencia de la observación morfológica y de la explicación causal de la estructura del territorio, de la dinámica de los procesos de humanización y de los agentes y lógicas que lo transforman.
La Arquitectura es, esencialmente, ciencia práctica de la transformación morfológica del territorio de la ciudad y de su entorno inmediato (Portas, 1993).
Ambas disciplinas científicas, con derroteros nada convergentes desde el siglo XIX, debido a complejas razones (eclosión académica, capacidad operativa de aplicación estatus económico y representatividad social) se sintieron autosuficientes para interpretar y manipular, respectivamente, el territorio durante décadas, hasta que el desorden urbano-territorial de los años setenta del siglo XX les demostró –como a alguna otra prepotente disciplina con incidencia espacial- que, por ser incompletas en sí mismas, se necesitaban y debían encontrarse, precisamente en el territorio, trabajando codo a codo en la ardua tarea de su ordenación desde sus potencialidades específicas.
En ese largo peregrinaje de desencuentros, desde mediados de los años cincuenta del siglo XX en España, una parte de la Geografía dejó de ser disciplina pura y contemplativa (I) para, superando los obstáculos académicos internos, la endeble cualificación profesional y los codazos externos, pasar de la observación a la acción e intervenir en los procesos de planificación territorial y planeamiento urbanístico (Campesino, 1989).
Al tiempo, la Arquitectura, en estrecha connivencia con los poderes fácticos y con el economicismo desarrollista-autoritario, se arrogaba el monopolio de la presunta “planificación espacial”, desde normativas (Ley del Suelo y Ordenación Urbana, 1956-1976), exclusivamente redactadas para la producción y difusión ilimitada de la ciudad sobre un territorio dependiente de reserva urbana.
Los resultados del desorden urbano-territorial español de finales de los setenta del siglo XX evidenciaron los desatinos de estas prácticas monopolísticas (II) con beneplácito institucional, ya que para la Administración contratante los cuerpos profesionales uniformados de arquitectos e ingenieros eran (y lo son aún) los únicos interlocutores válidos para la firma y dirección de los planes y proyectos emanados de los concursos públicos o de la adjudicación directa. Planificación y planeamiento iban a ser términos proscritos por el descrédito, conseguido a pulso en los años sesenta y setenta, que salpicó a la propia ética de los profesionales redactores.
La crisis urbana y la emergencia de los ayuntamientos democráticos en 1979 sirvieron de revulsivo a Geografía y Arquitectura para superar sus limitaciones y extravíos. La construcción del Estado de las Autonomías, por imperativo legal de la Constitución española de 1978, propulsó las demandas inaplazables de ordenación territorial a todas las escalas.
La Geografía aplicada se beneficia del cambio de rumbo de los nuevos objetivos de ordenación territorial de base regional y del nuevo urbanismo democrático, que abren las puertas a la interdisciplinariedad y a los retos de integración en los equipos técnicos redactores de la nueva generación de planes urbanísticos de escala local y municipal.
Pese a nuestras deficiencias formativas y técnicas, contábamos con los potenciales derivados de una ciencia territorial por excelencia, como la Geografía, dotada de una visión integradora y panorámica del espacio regional, como soporte espacial de actividades. A través del análisis de la configuración y disposición de los elementos formales que componen el territorio, de los procesos de transformación, de las interacciones causales, de las lógicas económicas que los mueven, de la identificación de los agentes y de los problemas, y de sus ámbitos funcionales, emitimos diagnósticos estratégicos de fortalezas y debilidades, producidas por los conflictos ambientales, evaluamos las potencialidades y establecemos propuestas operativas de ordenación para escenarios cambiantes, lo que acerca a la disciplina a una teoría de la fundamentación de los comportamientos territoriales para la toma de decisiones políticas, sociales y económicas.
Los geógrafos, como expertos territoriales, hemos conseguido hacernos un hueco en este proceso, de forma directa, como miembros integrantes de equipos interdisciplinares, e indirecta, a través de la formación académica de los futuros geógrafos aplicados. La participación se orienta: a) a la observación e interpretación del territorio y de sus problemáticas ambientales; b) al diagnóstico propositivo de las transformaciones, permanencias y mutaciones, para la fundamentación de voluntades políticas de intervención, que deberían definirse siempre a partir del más exacto y ponderado conocimiento de las relaciones entre objetivos y medios, o sea, de la correcta capacidad de evaluación o predicción de los efectos de los medios adoptados o por adoptar.
De ahí que la moderna Geografía Urbana y Regional, al ser hoy la rama más próxima al planeamiento urbano y a la planificación territorial, reforzada con las nuevas herramientas informáticas de los Sistemas de Información geográfica (SIGs) encuentre menos dificultades para convertirse en agente de intervención territorial (III). Al establecimiento de unas reglas claras de juego de la participación del geógrafo en tareas profesionales debe contribuir el reciente Colegio de Geógrafos Españoles, aprobado por el Congreso de los Diputados en mayo de 1999.
Desde mediados de los años ochenta del siglo XX, las presuntas políticas de Ordenación del Territorio (O.T.) de base regional (por inexistencia de la estatal) pretenden (sin conseguirlo) integrar la planificación física y la económica tras décadas de divergencia. No obstante, las políticas urbanísticas siguen teniendo un papel preponderante y excesivo en la vertebración del territorio, que sigue interpretándose desde claves urbanas, presuponiendo falazmente que la O. T. se consigue a partir de la suma inconexa de planes generales de ordenación urbana. No contribuyen a mejora alguna los vaivenes normativos del urbanismo español (leyes del suelo de 1956, 1975, 1990-1992 y 1998) (IV).
En la década de los noventa del siglo XX asistimos a la reafirmación del nuevo planeamiento urbanístico general, posibilista, flexible, de escala humana y adecuado a la realidad, en el marco de la nueva cultura de regeneración urbana, que sigue basando en el planeamiento especial de protección las fallidas utopías de la rehabilitación integrada de los centros históricos.
El creciente proceso de urbanización reclama la concertación de la planificación urbana y regional, soportes de la ordenación del territorio, documentos técnicos precisos, proyectos definidos de ciudad, liderazgo y compromiso de gestión política para cumplir y hacer cumplir las determinaciones del planeamiento democráticamente aprobado, conjunción de agentes y estrategias, real participación ciudadana y cooperación interadministrativa, como demandas improrrogables del urbanismo del siglo XXI (Campesino, 1998).
La Arquitectura trabaja a escala de territorio urbano (de 1:1 a 1:5.000). A través del plan urbanístico interpreta, combina y recompone el espacio para ubicar el proyecto edificatorio, en función de modelos urbanos, tipologías, reglamentos de construcción y costes de realización. Para enfrentar esta tarea los arquitectos precisan de una sólida formación urbanística de base histórica, sobre las formas compositivas y constructivas de los espacios urbanos. Al igual que los geógrafos perdemos reflejos a esas escalas, a los arquitectos les ocurre lo mismo en las escalas territoriales (1:10.000 a 1:400.000), razón por la cual debemos complementarnos.
Ocurre que el planeamiento y el proyecto urbanístico no constituyen, en sí mismos, ciencia laguna. Son sistemas de tomas de decisiones que se han servido del método científico de diversos dominios profesionales (arquitectos, ingenieros, economistas), para interpretar durante décadas la planificación territorial, pese a que la capacitación de tan honorables profesionales estaba orientada al diseño constructivo, a la ingeniería de obras públicas e infraestructuras y a la modelística macroeconómica, a excepción de los economistas aplicados que esos sí descienden de la galaxia al territorio para comprometerse en sus investigaciones con los problemas regionales (Geografía Regional-Ciencia Regional).
Los resultados del desorden territorial nos obligan a reconocer que esta conjunción de conocimientos puntuales, científicamente apoyados, no conforma en sí misma una metodología operativa de intervención. En consecuencia, al ser ésta una asignatura pendiente, fallan los sistemas sobre los que el poder político establece sus objetivos de gestión del territorio. Fallan el análisis y el diagnóstico, que no pueden reducirse a los tópicos volúmenes de memorias descriptivas para justificación de un plan preconcebido, sino las herramientas claves para la formulación y ajuste de los objetivos concretos del planeamiento y de la gestión. Gran parte de los fracasos de la planificación (territorial y urbanística) se han debido a la ignorancia técnica del territorio y de sus habitantes, de sus necesidades reales, de los intereses en conflicto, de los recursos utilizables, de la capacidad de intervención de los agentes económicos y de la complejidad normativa.
Las posibilidades de intervención en la planificación territorial se resuelven a tres escalas: regional, subregional o comarcal y municipal, mientras que el nuevo planeamiento democrático (general y especial), como forma acotada de planificación física y técnica para la programación de intervenciones en el territorio urbano, permite utilizar la escala de ciudad, como laboratorio experimental más comprimido, dinámico y complejo para el contraste de intereses, estrategias contrapuestas públicas y privadas, permanencias y mutaciones morfológicas, funcionales y ambientales.
Para concretar las formas de intervención en el territorio se precisa de soportes científicos y técnicos, capaces de establecer las relaciones causales entre los diversos objetivos del programa político y entre esos objetivos y los medios disponibles. Precisa de un programa lógico de actuaciones y del proyecto de esas intervenciones, adecuado a los habitantes y al medio.
Este complejo proceso integrador de la planificación territorial y del planeamiento urbanístico exige un conocimiento minucioso de los múltiples agentes, de sus comportamientos y estrategias contrapuestas a lo largo del tiempo, imposible de ser sometidas a leyes deterministas, así como el papel del arbitraje político sobre factores decisivos que habrán de ser valorados bajo criterios socioculturales y que, en último caso, su grado de volubilidad se explica por algo tan científico como la génesis de costes y beneficios electorales.
La ordenación del territorio se resuelve o no por la compatibilidad de intereses contrapuestos, de naturaleza política, económica, social y cultural, entre diversos agentes que el poder elige como interlocutores válidos en cada momento del proceso de planificación. De ahí se colige que la “Arquitectura del Territorio” no pueda identificarse, a secas, con el producto profesional del arquitecto, cuya tradición formativa se asienta en la cultura histórica de las formas construidas y no en la definición y diseño de procesos y sistemas (Portela y otros, 1981).
En síntesis:
- Geografía y Arquitectura son disciplinas territoriales con métodos y técnicas específicas, adaptadas a muy diferentes escalas territoriales de intervención, que precisan de una interacción de esfuerzos complementarios -al lado de las restantes disciplinas territoriales- en el proceso de ajuste de relaciones entre espacios, usos y formas de organización del territorio, como respuestas a unas demandas colectivas.
- Ambas deben entender que resulta prioritaria la comprensión de las lógicas organizadoras del territorio, como paso previo a su ordenación planificadora y gestión instrumental, porque sólo existe territorio gobernado cuando sus conflictos ha sido previamente detectados y sus disfuncionalidades corregidas y vertebradas bajo principios de racionalidad (sostenibilidad).
- Han de ser conscientes de que sus conocimientos teóricos y prácticas territoriales propositivas están sujetas a decisiones gestoras, a multitud de estrategias contradictorias, a voluntades políticas cambiantes y a la movilización raquítica de recursos, capaces de una en una y de todas en conjunto de tergiversar en la gestión los contenidos meditados y profesionales del planeamiento y la planificación.
- Por último, que las dialécticas ciudad-territorio/urbano-rural han periclitado y que por ello han de equilibrarse los parámetros de relación causa-efecto para otorgar al territorio la categoría de depósito patrimonial que nunca tuvo, el papel activo que demanda en la interpretación de los procesos urbanos, al ser el territorio el que explica las ciudades y no viceversa, razón por la cual reclama idénticos criterios de respeto, protección y conservación activa que los aplicados a los centros históricos.
NOTAS
I. “… la Geografía debía servir, exclusivamente, para impartir cultura y no para reconstruir el mundo”. (SORRE, Max, 1954).
II. “… mantienen el monopolio consentido de las acciones que pretenden tener como objetivo la ordenación del espacio; (sic) por lo que en ningún caso los geógrafos gozarán del honor de ser responsables del tremendo fracaso que desde 1960 han alcanzado tanto la planificación oficial como la privada en España”. BOSQUE MAUREL, Joaquín. “Posibilidades de aplicación de la Geografía en España”. I Coloquio Ibérico de Geografía. Universidad de Salamanca, salamanca, 1981, pp. 35-46.
III. “El urbanismo (sic) estudia los fenómenos urbanos que no son otra cosa que la expresión territorial de los fenómenos económicos, sociales y políticos. Por ello, la Geografía Urbana, preocupada por los impactos de los procesos económicos y sociales y de las lógicas territoriales, y el Urbanismo son disciplinas condenadas a encontrarse, relacionarse y enriquecerse mutuamente”. LEAL MALDONADO, Jesús. “La sociología y el urbanismo en los diez últimos años”. Ciudad y Territorio, 81/82, 3-4. MAP-INAP, Madrid, 1989, pp. 39-44.
IV. Ley de Régimen Urbanístico del Suelo y Valoraciones, de 26 de marzo de 1998, que introduce cambios bruscos de corte neoliberal.
BIBLIOGRAFÍA
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